Por Virgilia Pires, Analista de Inteligencia en Winterman.

El Brexit ya tiene su vuelo de ida para el día 29 de marzo de 2019.

Cualquier salida de un estado miembro de la Unión Europea se encuentra contemplado por el artículo 50 del Tratado de Lisboa, aprobado en 2009.

Son varias las incertidumbres que asombran el Brexit, como es la situación de The City, los acuerdos bilaterales con los estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea, principalmente en lo que se refiere a la libre circulación de personas y mercancías. Además de los conflictos políticos intrínsecos con Irlanda del Norte, y Escocia que no hace tanto celebró dos referéndums en los que se votaba la separación de Escocia de Reino Unido.

Teresa May en las últimas elecciones no obtuvo la mayoría absoluta, lo que llevó a que las negociaciones de la salida de Reino Unido se dificultaran en Bruselas, y aún más por la factura emitida por la Comisión Europea a Reino Unido de aproximadamente 80000 millones de euros.

La primera ministra dice preocuparle la salida de los emigrantes europeos de Reino Unido, indicando que está prevista una regularización que ayude a los comunitarios que allí residen, además de reducir el gasto del estatus de persona establecida en Reino Unido que es similar a la adquisición del permiso de residencia en España, en el cual se concede al extranjero un número de identificación de extranjero, NIE.

No obstante, en sus primeras declaraciones, la ministra hablaba de un Brexit duro que ahora parece que se acerca a un Brexit blando, aunque todo aún es muy incierto. Prueba de ello es que para conseguir la permanencia legal en Reino Unido, el ciudadano deberá percibir unos ingresos mínimos anuales de casi 21000 euros brutos.

Lo declarado por la ministra del Partido Conservador, diverge de los informes de requisitos de residencia para extranjeros en Reino Unido, elaborado por el Ministerio del Interior británico.

El plan de actuación para los temas de atención sanitaria y pensiones también son un foco de problema. Los dos años de transición para el Brexit, estarán bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Carencia de autoridad y de toma de decisiones, liderazgo, incertidumbre, son conceptos comunes a los gobiernos de Teresa May, Puigdemont, y también de Rajoy.

Actualmente la situación económica tiembla en Londres, en el mayor centro financiero, The City, que es uno de los lobbies más influyente del mundo y con una gran capacidad de influencias legislativas por su adaptación a las necesidades de las empresas offshore que activan la economía británica.

Lo que actualmente está pasando en The City, es un espejismo de lo que se anticipó en Catalunya, desde un punto de vista bastante más humilde, con el cambio de sede social de bancos importantes como Banc Sabadell o La Caixa o de empresas multinacionales y pymes, que superan ya las 800 salidas de Barcelona.

En las reuniones de los días 19 y 20 de octubre, se esperaba que los 27 países de la Comisión Europea pudieran avanzar con las negociaciones con Reino Unido, que oficialmente empezaron el 19 de junio de 2017. Esta situación es equiparable a la inestabilidad política que se vive en España desde el 01 de octubre.

El viernes negro, como le llamaron en el día 24 de junio de 2016, debido a la decisión de avanzar con el Brexit, llevó a un clima de pánico en las Bolsas de todo el mundo, registrándose pérdidas muy significativas como en España en el Ibex 35 que marcó 12,35% de caída, la más grande de siempre. Wall Street cerró con pérdidas de 3,39% en Dow Jones y 5,04% en Brent que cayó 5,04%, desvalorizando el precio del petróleo.

Algo similar, aunque de menor magnitud pasó en España, con la caída del Ibex 35 de 1,21%, en el día siguiente al referéndum del 01 de octubre, además del impacto de la bajada del euro frente al dólar que generó la decisión de los bancos en salir de la capital catalana; en ese día el Banc Sabadell ha llegado a caer hasta más del 6%, quedando con una pérdida total del 4,53%, BBVA del 2,37%, Santander 1,61%, Bankia 3,33% y Bankinter del 1,02%.

También la huelga convocada por el Govern de la Generalitat en el pasado día 02 de octubre tuvo un impacto negativo en la bolsa de inversores. En Cataluña se vive un momento de inestabilidad política que está provocando no sólo una incertidumbre, con temores de una recesión económica, así como conflictos sociales que están separando a familiares, amigos y compañeros de trabajo por el posicionamiento político de cada uno.

En la Constitución británica, no se contempla la indivisibilidad de los territorios que componen el Reino Unido, de ahí que fuera más fácil celebrar un referéndum para escuchar la voz democrática del pueblo en los dos referéndums que hubo en Escocia, el último en 2014 aceptado por la Cámara de los Comunes sin incidencias.

Según el gobierno nacional, en España se considera que esta decisión corresponde a la unidad española, o sea a todos los españoles, y no es decisión de los ciudadanos de una sola Comunidad autónoma.

El Primer Estatuto Catalán surgió en 1931, aprobado por el Parlamento con mayoría absoluta. No obstante, este quedó anulado, además de las detenciones que hubo. Con la Guerra Civil, todas las instituciones catalanas fueron eliminadas y el idioma catalán fue prohibido por el régimen franquista. Franco murió en 1975 y la monarquía borbónica regresó a España con la proclamación del Rey Juan Carlos de Borbón.

En 1979 se restauró el Estatuto y la Generalitat. Desde entonces son varios los intentos de mediación política, y la Generalitat pretende recuperar potestades perdidas en Cataluña en 2010. Cataluña perdió 14 artículos del Estatuto, declarados inconstitucionales en el gobierno de Zapatero.

La posibilidad de consulta popular sobre la Independencia se supone que se acoge en el artículo 150.2. de la Constitución, aunque el Partido Popular y Ciutadans no comparten esta interpretación legal.

El artículo 155 de la CE que finalmente se puso en marcha, nunca se aplicó en España y está previsto para situaciones en que la Comunidad Autónoma no cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales para el interés común español. El último intento de un referéndum en Cataluña que se llevó a cabo fue aprobado en 2012 por el Parlamento de Cataluña, llamado el referéndum de la autodeterminación, y también fue suspendido por el Tribunal Constitucional, acabando con la inhabilitación del entonces presidente, Artur Mas.

Lo que actualmente está pasando en Cataluña demuestra un desentendimiento y ausencia total de comunicación entre gobierno español y govern catalán, lo que está llevando a la pérdida de control sobre la situación actual.

La existencia de un referéndum anticonstitucional, despierta controversias entre los propios juristas, dependiendo de la comunidad de la que están, y eso lleva a una problemática legislativa, pues la lucha de poderes está entrando en conflicto, y ciertamente hay algo que hoy en día no está funcionando en la gobernanza nacional y en la autonómica. Si por un lado un artículo regula que es posible convocar un referéndum, como es el 150.2., pero por otro la Constitución Española no lo permite, según los juristas españoles, una reforma Constitucional y a posteriori del Estatuto podrían ser claves para esta situación.

Los ciudadanos perciben una incerteza e inseguridad jurídica que los lleva a querer sacar sus economías de Cataluña, a pesar de que las grandes empresas y bancos fueron pioneros en cambiar la ubicación de la empresa jurídica con miedo a oscilaciones irreversibles en la bolsa.

A la vez, asistimos a algo similar en Reino Unido, donde Escocia e Irlanda del Norte querían permanecer en la Unión Europea en contra a lo que decidió la mayoría, demostrando un desacuerdo entre ciudadanos de la misma patria.

La incertidumbre que se vive en Reino Unido, provoca el descontentamiento de los ciudadanos que no saben que pasará ya que el miedo de quedarse apartados de la Unión Europea, junto a la probable disminución de los índices de exportación, y principalmente, por la huida de las empresas Offshore de The City, hará con que sustancialmente disminuya el PIB, uniendo al hecho de que la deuda que tiene que pagar Reino Unido a la Comisión Europea, la sostendrá los contribuyentes, o sea, se reflectará en un aumento de impuestos.

Si un país como Reino Unido sale de la Unión Europea, y tiene su propia moneda (que en este caso los británicos ya la conservaban), también significará la disminución del turismo de ocio, de estudios del idioma inglés o universitarios, etc., teniendo en cuenta que el precio y requisitos de acceso lo serán superiores.

Situación convergente pasará en Cataluña en el hipotético caso de que pudieron ser independientes. Actualmente Cataluña contribuye con más del 20% del PIB a la economía española, siendo la que más aporta de las 17 comunidades autónomas existentes. Además de ser de las ciudades más visitadas del mundo junto con Londres que la supera en valor absoluto.

La idea de la Unión Europea es la de que para formar un puzle, se necesita juntar todas las piezas. Por eso la unión se considera el objetivo supremo para que una gobernanza prospere y evolucione.

España es la cuarta potencia de la Unión Europea y con la salida de Reino Unido podría tener una oportunidad de primordial destaque, pues el idioma inglés era el idioma oficial de la Comisión Europea, y sigue siéndolo por ahora, pero al no estar Reino Unido, se tendría que valorar la sustitución del inglés por el alemán, el francés o el castellano. Y de estos tres, el castellano es el más hablado.

Con la desunificación de España, es decir, con una Cataluña independiente, pasaría algo similar a Reino Unido, pero con muchos menos recursos económicos y otros problemas que llevaría a serios problemas en Cataluña durante unos años de recesión económica hasta construir su propio Estado de derecho y soberano, con un sistema legislativo, ejecutivo y judicial completamente autóctono y debidamente estructurado. De mientras, los ciudadanos tendrían que asumir un gasto extra en la contribución de los impuestos como pasará con Reino Unido. Además de que Cataluña al demostrar desobediencia constitucional, la Unión Europea difícilmente vería con buenos ojos su incorporación, pues el cumplimiento de las normas jurídicas fundamentales y estipuladas por un órgano competente superior y central bajo ningún concepto debe de ser desautorizado.

La Unión Europea no admitirá dos Españas en Bruselas, pues eso llevaría a que otros conflictos políticos se fortalecieran en otros estados para que también intentaran obtener la independencia en determinadas regiones. El no cumplimiento de las normas jurídicas no es el mejor medio para reivindicar derechos o intentar acuerdos económicos menos perjudiciales para Cataluña.

Pero también hay que tener claro las características que debe tener un líder, un presidente, porque hay que saber cuándo y cómo actuar, evitando el separatismo entre ciudadanos. Y la violencia no se debe consentir en un país de primer mundo.

El derecho al voto es un derecho fundamental de cualquier ciudadano en un estado democrático, y cualquier gobierno debería concederlo, siempre y cuando este sea votado por los representantes legales del pueblo que son los diputados de los distintos partidos políticos.
Sin embargo, si fueron varios los intentos frustrados de un referéndum vinculante en Cataluña y no fue autorizado por el Tribunal Constitucional, habría que analizar la situación actual del liderazgo gubernamental en España.

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